Activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela denuncian que, a pesar de las declaraciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la "sexodiversidad" como un derecho fundamental, el Estado incurre en una "instrumentalización de la diversidad" y mantiene una "omisión estructural" hacia la comunidad LGBTIQ+. Se señala la inacción estatal en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, ejemplificada por el error en la postulación de Richelle Briceño como "Richard Briceño", y la falta de políticas públicas efectivas contra la discriminación y crímenes de odio. Organizaciones como la Red de Derechos Humanos en Movimiento y Amnistía Internacional Venezuela subrayan que la lucha por los derechos LGBTIQ+ es inseparable de la democracia y exigen acciones concretas más allá de discursos, mientras el país enfrenta otras crisis como la eléctrica y la salarial.