Alberto Larraín y Constanza Gómez serán formalizados el próximo lunes por seis delitos de apropiación indebida en el contexto de la arista Antofagasta del caso ProCultura. Según el fiscal Cristián Aguilar, ambos, en sus roles de director ejecutivo y representante legal de la fundación respectivamente, son responsables directos de irregularidades en convenios firmados con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda. Estos convenios, que incluyeron un plan de recuperación de fachadas por $629,8 millones y otros por más de $500 millones con la Seremi, no contaron con concursos públicos y su correcta utilización no fue verificada por la Contraloría. La defensa de Larraín ha criticado la imputación, considerándola similar a la que fracasó en casos anteriores en Santiago.