La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado por finalizada la aplicación de la Ley de Amnistía, a solo dos meses de su promulgación, una decisión que organizaciones de derechos humanos califican de arbitraria e inconstitucional. A pesar de que la ley buscaba facilitar la excarcelación de presos políticos, aún existen aproximadamente 500 personas detenidas por motivos políticos, según estimaciones de ONG. La derogación del instrumento jurídico infringe la Constitución venezolana, según defensores de derechos humanos. Hasta el 22 de abril, 12.187 solicitudes válidas habían sido recibidas, beneficiando a 8.616 personas con libertad plena. Los casos pendientes serán evaluados por el programa Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. La ONG Acceso a la Justicia critica la intromisión del Ejecutivo en competencias legislativas y judiciales, generando inseguridad jurídica. Provea considera la medida una violación a los principios de separación de poderes y reserva legal, y un obstáculo para la convivencia y paz. Foro Penal registra 473 presos políticos aún detenidos.