La Fiscalía Anticorrupción ha realizado allanamientos a funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo al exjefe Piero Corvetto, por presunta colusión agravada y omisión de funciones. La investigación se centra en la adjudicación irregular de un contrato de S/6,3 millones a la empresa Servicios Generales Galaga para el transporte de material electoral el 12 de abril. Se acusa a los funcionarios José Samamé Blas y Juan Phang Sánchez de adecuar requisitos para favorecer a Galaga, que no cumplía con las especificaciones necesarias, incluso presentando documentos falsos sobre su capacidad operativa y número de trabajadores. El fiscal Raúl Martínez Huamán no ha vinculado a los implicados con fraude electoral, sino con la manipulación de un proceso de contratación. La intervención busca incautar información relevante para la investigación.