Organizaciones ambientalistas han acusado a las autoridades mexicanas de tener conocimiento temprano sobre un derrame petrolero en el Golfo de México, detectado mediante imágenes satelitales entre el 6 y el 10 de febrero de 2026, y de no haber activado los protocolos de contingencia adecuados. A pesar de que el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, vigente desde 2023 y administrado por la Secretaría de Marina, exige notificación inmediata y coordinación interinstitucional, los ambientalistas señalan que no se activó el Nivel 3 de respuesta para un derrame que alcanzó aproximadamente 50 km² y afectó las costas de Tabasco y Veracruz. Las organizaciones exigen a la Secretaría de Marina explicar la inacción, identificar a la empresa responsable y detallar el estado de las compensaciones por daños, advirtiendo que este incidente se suma a otros riesgos de la industria petrolera y que la expansión de la extracción en aguas profundas podría aumentar la frecuencia de estos eventos, urgiendo a una transición energética.