El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, enfrenta un creciente escándalo judicial por presunto enriquecimiento ilícito, centrado en gastos no declarados de 245.000 dólares destinados a remodelaciones de lujo en su propiedad. La investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo, cuestiona el origen de estos fondos y otros gastos personales, como viajes y el uso de custodia policial financiada por el Estado. A pesar de las evidencias, Adorni se escuda en su vida privada, una postura criticada por expertos legales que advierten sobre el impacto negativo en la administración de Javier Milei. Mientras la confianza gubernamental cae, el Presidente se refugia en conferencias teóricas, manteniendo a Adorni en su cargo pese a las crecientes dudas sobre la transparencia del oficialismo.