La ciudad de Arequipa enfrenta una grave crisis de seguridad que amenaza su desarrollo sostenible. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho entre 2020 y 2025, mientras que las relacionadas con minería ilegal aumentaron siete veces en el mismo período. Esta situación refleja un deterioro significativo en el orden público y la gobernanza local.