El gobierno chileno ha propuesto la creación de un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, una base de datos pública administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El proyecto, enviado al Congreso el 12 de junio, busca sancionar diversas conductas, desde carreras ilegales de autos y rayados no autorizados hasta agresiones a personal de salud y educación, y el bloqueo de accesos a playas. La inscripción en este registro, que varía en duración (uno o cinco años) según la gravedad de la falta, acarreará una serie de restricciones significativas para los infractores, incluyendo la prohibición de obtener pasaporte o licencia de conducir, la pérdida de beneficios como la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal, y la exclusión de subsidios habitacionales y becas. El registro tendrá un costo de implementación de más de 1.300 millones de pesos en su primer año.