El presidente Gustavo Petro generó un enfrentamiento con alcaldes y gobernadores del país al responsabilizarlos del aumento del impuesto predial y el catastro, amenazando con destituirlos. La Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales rechazaron enérgicamente estas declaraciones, defendiendo la autonomía territorial y la legitimidad de las autoridades elegidas por voto popular, afirmando que Petro carece de sustento jurídico para ordenar tales destituciones. A pesar de los reclamos, Petro reiteró su posición, sugiriendo que si es necesario, se llevaría alcaldes presos, aunque aclaró que esto sería por orden de la justicia y el contralor, no suya directamente. Estas advertencias se dieron en el contexto de un paro relacionado con el avalúo catastral.