La Contraloría General de la República de Colombia ha revelado que el avión militar C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, que se estrelló el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, cobrando la vida de 69 personas, no contaba con un seguro vigente. Esta omisión administrativa obliga al Estado colombiano a asumir la totalidad de los costos económicos del siniestro, incluyendo posibles indemnizaciones, lo que representa un significativo hueco fiscal. El hallazgo expone fallas en la gestión del riesgo dentro del sector defensa y una vulnerabilidad generalizada, ya que solo el 19% de las aeronaves militares están aseguradas, con inconsistencias en la valoración de los equipos. Además, se advierte que el presupuesto de defensa, a pesar de haber crecido, es insuficiente para cubrir necesidades estructurales y deudas pensionales.