El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sugirió una posible responsabilidad política de su predecesor, Nicolás Grau, en las irregularidades detectadas por la Contraloría respecto al Censo de 2024. Estas deficiencias, que involucran al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), incluyen la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 migrantes no autorizados para trabajar, además de la falta de control sobre 515 censistas cuyos pagos superan los 166 millones de pesos no pudieron ser justificados. Mas enfatizó que el diseño e implementación del censo ocurrieron durante la administración anterior y que se debe investigar a fondo para determinar y asumir responsabilidades políticas si las hubiera.