El analista Edgardo Buscaglia advirtió que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, está obligada por tratados internacionales a colaborar con las investigaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, incluyendo la facilitación de extradiciones y la realización de investigaciones conjuntas. Buscaglia desestimó el argumento de soberanía para bloquear la cooperación, señalando que la obstrucción a la justicia es un delito en ambos países. Subrayó el cambio en la doctrina estadounidense de considerar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, especialmente en casos de tráfico de fentanilo, y sugirió que EE.UU. podría intensificar operaciones encubiertas si México no coopera. Propuso investigaciones conjuntas y decomisos patrimoniales para abordar la crisis de violencia y la corrupción político-criminal.