El Gobierno nacional busca una profunda transformación del Poder Judicial mediante un plan para cubrir 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año. Este ambicioso objetivo incluye la integración de la Cámara Federal de la Capital y la intención de ocupar el 40 por ciento de los cargos con postulantes propios. Paralelamente, existe una propuesta para limitar el mandato del Procurador General de la Nación, eliminando su carácter vitalicio para establecer períodos de entre 4 y 6 años, debido al gran poder que le otorgará el nuevo sistema acusatorio. Mientras tanto, la integración de las dos vacantes en la Corte Suprema permanece indefinida, aunque figuras como Ricardo Lorenzetti instan a que los candidatos provengan de la justicia federal. El proceso de designación de pliegos y la reconfiguración de tribunales estratégicos como Comodoro Py ya han comenzado a generar tensiones políticas y judiciales.