Debido a la destrucción de Suomussalmi, se han presentado cargos contra varias personas y se han exigido al Estado indemnizaciones de casi dos millones de euros. El caso está relacionado con un importante delito ambiental que ha afectado los hábitats de los urogallos. Stora Enso ha reaccionado ante la situación cambiando sus métodos de operación y suspendiendo las talas en áreas que contienen zonas naturales sensibles. El director ejecutivo de la empresa ha declarado que la compañía está dispuesta a asumir su responsabilidad y a pagar los costos causados por el daño ambiental. Al mismo tiempo, en áreas como Hukkajoki se han realizado traslados masivos de urogallos, de los cuales ya se han trasladado miles de ejemplares para su protección. Metsähallitus y expertos siguen de cerca la situación, ya que podría tratarse de un delito ambiental de escala millonaria. La situación ha generado un amplio debate sobre la protección de la biodiversidad y la responsabilidad de la industria forestal en Finlandia.