Debido a la destrucción en Suomussalmi, se han presentado cargos contra varias personas y se han exigido al Estado indemnizaciones por casi dos millones de euros. El caso está relacionado con un importante delito ambiental que ha afectado los hábitats de las aves. Stora Enso ha reaccionado ante la situación modificando sus métodos de operación y suspendiendo las talas en áreas que contienen zonas naturales sensibles. El director ejecutivo de la empresa ha declarado que la compañía está dispuesta a asumir su responsabilidad y a pagar los costos causados por el daño ambiental. Al mismo tiempo, en zonas como Hukkajoki, se han realizado traslados masivos de aves, habiéndose trasladado ya a miles de ejemplares para su protección. Metsähallitus y expertos siguen de cerca la situación, ya que podría tratarse de un delito ambiental de escala millonaria. La situación ha generado un amplio debate sobre la protección de la biodiversidad y la responsabilidad de la industria forestal en Finlandia.