La vinculación a proceso de 13 elementos del Ejército mexicano por el homicidio de las niñas Leidy (11 años) y Alexa (7 años) en Sinaloa, ocurrido hace 11 meses, representa un desafío crucial para la justicia en México. La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara el auto de vinculación por homicidio calificado bajo la figura de dolo eventual, reconociendo la alta previsibilidad letal de disparar sin control. Sin embargo, la organización Centro Prodh advierte que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría obstaculizar la investigación al negarse a cooperar y entregar información clave, especialmente considerando que la Sedena ha iniciado una investigación paralela que podría encubrir los hechos y dificultar la justicia civil. La FGR y el Poder Judicial enfrentan la presión de no ceder ante la Sedena para asegurar que los militares sean juzgados de manera independiente y que las víctimas obtengan justicia.