La Cámara Federal de Casación Penal ha ordenado la ejecución de 111 bienes identificados para cubrir un fraude al Estado de 685.000 millones de pesos en el caso Vialidad. La Sala IV del tribunal confirmó el decomiso de estos bienes, consolidando el criterio de que los activos de origen ilícito pueden ser incautados incluso si han sido transferidos o heredados. La maniobra defraudatoria, descrita como compleja y prolongada, involucró el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz, beneficiando a Lázaro Báez y de forma indirecta a la familia Kirchner. Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades, mientras que se ejecutarán 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, incluyendo un inmueble de Cristina Kirchner y 19 heredados a sus hijos. Esta medida busca reparar el daño social y recuperar activos de la corrupción, siendo una decisión que ratifica la recuperación efectiva de estos bienes.