Este artículo de opinión critica la práctica actual en la que el Estado, a través de la UDI, puede establecer centros de acogida de asilo en los municipios sin que los representantes locales elegidos tengan un derecho de veto real. El autor argumenta que esto vulnera el principio de democracia local y autonomía municipal, ya que los municipios a menudo se ven superados por decisiones centrales. El establecimiento de centros de acogida de asilo conlleva desafíos significativos para los servicios municipales, como la salud, la educación, la protección de menores y los servicios de interpretación. Un problema crítico es que los municipios no reciben una cobertura total de todos los costes adicionales documentados, lo que debilita los presupuestos de otros servicios de bienestar importantes. Por ello, el Partido del Progreso propone que los ayuntamientos deben tener un derecho de veto real en tales establecimientos. El artículo concluye que el Estado debe respetar las decisiones locales y garantizar una cobertura económica total para salvaguardar tanto la capacidad de la comunidad local como la confianza de los ciudadanos en la autonomía municipal.