Este artículo de opinión critica la práctica actual en la que el Estado, a través de la UDI, puede establecer centros de acogida en municipalidades sin que los representantes locales tengan un derecho de veto real. El autor argumenta que esto vulnera el principio de democracia local y autonomía municipal, ya que las municipalidades suelen verse sobrepasadas por decisiones centralizadas. La creación de centros de acogida conlleva desafíos significativos para los servicios municipales como salud, educación, protección infantil y servicios de interpretación. Un problema crítico es que las municipalidades no reciben la cobertura total de todos los costos adicionales documentados, lo que debilita los presupuestos de otros servicios de bienestar importantes. Por ello, el Partido del Progreso propone que el concejo municipal debe tener un derecho de veto real en tales casos. El artículo concluye que el Estado debe respetar las decisiones locales y garantizar la cobertura económica total para salvaguardar tanto la capacidad de la comunidad como la confianza de los ciudadanos en la autonomía local.