Esta columna de opinión critica la práctica actual en la que el Estado, a través de la UDI, puede establecer centros de recepción de asilo en municipios sin que los representantes locales electos tengan un derecho de veto real. El autor argumenta que esto vulnera el principio de democracia local y autonomía municipal, ya que los municipios suelen verse desplazados por decisiones centralizadas. La creación de centros de asilo conlleva desafíos significativos para los servicios municipales, como salud, educación, protección de menores y servicios de traducción. Un problema crítico es que los municipios no reciben la cobertura total de todos los costos adicionales documentados, lo que debilita los presupuestos de otros servicios de bienestar fundamentales. Por ello, el Partido del Progreso propone que el concejo deliberante debe tener un derecho de veto real ante tales instalaciones. El artículo concluye que el Estado debe respetar las decisiones locales y garantizar una cobertura económica total para preservar tanto la capacidad de la comunidad local como la confianza de los ciudadanos en la autonomía municipal.