Este artículo de opinión critica la práctica actual en la que el Estado, a través de la UDI, puede establecer centros de recepción de asilo en municipios sin que los representantes locales tengan un derecho de veto real. El autor argumenta que esto vulnera el principio de democracia local y autonomía municipal, ya que los municipios suelen ser ignorados por decisiones centralizadas. La creación de centros de asilo conlleva desafíos significativos para los servicios municipales, tales como salud, educación, bienestar infantil y servicios de interpretación. Un problema crítico es que los municipios no reciben la cobertura total de todos los costos adicionales documentados, lo que debilita los presupuestos de otros servicios de bienestar importantes. Por ello, el Partido del Progreso propone que los concejos municipales deben tener un derecho de veto real ante tales establecimientos. El artículo concluye que el Estado debe respetar las decisiones locales y garantizar la cobertura económica total para salvaguardar tanto la capacidad de la comunidad como la confianza de los ciudadanos en la autonomía local.