La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emplazado formalmente al Estado mexicano para que responda en un plazo máximo de cuatro meses a una petición presentada por 65 juzgadores en contra de una reforma judicial. La CIDH también está considerando la posibilidad de analizar la admisibilidad y el fondo del caso en un mismo documento, lo que podría otorgarle un tratamiento urgente y grave debido al atraso procesal y las afectaciones denunciadas por los juzgadores. Esta decisión se basaría en la Resolución 1/16 del organismo, que permite un fallo conjunto ante violaciones graves y urgentes a los derechos humanos, y para asegurar que la resolución sea aplicable y las autoridades revisen sus determinaciones. La reforma judicial ha sido criticada por presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo despidos masivos, desmantelamiento de la carrera judicial y vulneración de la independencia judicial, además de un supuesto bloqueo deliberado de mecanismos internos de control.