La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 25 de junio de 2026 rechazando el dictamen aprobado por el Congreso peruano el 23 de junio, que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. La norma establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones deberán ser investigados y procesados exclusivamente en la jurisdicción militar-policial, excluyendo a la justicia ordinaria.