El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley estatutaria de Jurisdicción Agraria en Cereté, Córdoba, un paso crucial para implementar el punto uno del Acuerdo de Paz sobre reforma rural integral. Esta ley, esperada por nueve años, busca resolver de manera especializada y exclusiva los conflictos de tenencia, uso y propiedad de la tierra, que históricamente han sido origen de violencia en Colombia. La Defensoría del Pueblo ha destacado su importancia para brindar seguridad jurídica a los actores rurales. Sin embargo, la ley ordinaria que definirá los procedimientos y detalles de funcionamiento aún está pendiente de aprobación en el Congreso, enfrentando debates aplazados y sesiones levantadas, con un plazo límite antes del 20 de junio de 2026. La Jurisdicción Agraria creará juzgados, tribunales y centros de apoyo técnico para agilizar la resolución de disputas sobre predios, baldíos, uso del suelo y contratos agrarios, reconociendo la protección especial al campesinado y comunidades étnicas.