Durante un proceso de impeachment, los fiscales de la Cámara argumentaron este martes que las declaraciones de la vicepresidenta Sara Duterte en 2024, respecto a la contratación de un sicario para asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a la primera dama Liza Araneta-Marcos y al exdecano del Congreso Martin Romualdez, constituyen tanto un delito como una causal de destitución. El fiscal privado Amando Virgil Ligutan testificó que estos comentarios, realizados durante una conferencia de prensa en noviembre de 2024 y una sesión informativa en octubre de 2024, demuestran una clara intención y un plan para dañar al presidente. Ligutan afirmó que tales acciones representan una traición a la confianza pública y una violación culpable de la Constitución. Mientras que el abogado defensor Carlo Narvasa buscó postergar las respuestas hasta después del contrainterrogatorio, la senadora-juez Risa Hontiveros enfatizó la necesidad de establecer la relevancia de estas amenazas para los artículos de destitución. El tribunal de impeachment del Senado ha diferido la resolución de las mociones para eliminar las declaraciones de la fiscalía del acta.