Durante un proceso de juicio político, los fiscales de la Cámara argumentaron el martes que las declaraciones de 2024 de la vicepresidenta Sara Duterte sobre la contratación de un sicario para asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a la primera dama Liza Araneta-Marcos y al ex presidente de la Cámara Martin Romualdez, constituyen tanto un delito como una falta de destitución. El fiscal privado Amando Virgil Ligutan testificó que estos comentarios, realizados durante una rueda de prensa en noviembre de 2024 y una sesión informativa en octubre de 2024, demuestran una intención y un plan claros para dañar al presidente. Ligutan afirmó que tales acciones representan una traición a la confianza pública y una violación culpable de la Constitución. Mientras que el abogado defensor Carlo Narvasa buscó retrasar las respuestas hasta después del contrainterrogatorio, la senadora y jueza Risa Hontiveros enfatizó la necesidad de establecer la relevancia de estas amenazas para los artículos de la destitución. El tribunal de destitución del Senado ha aplazado la resolución de las mociones para eliminar las declaraciones de la fiscalía del acta oficial.