Un comité especializado de la ONU ha solicitado a la Asamblea General que examine la crisis de desapariciones forzadas en México, calificándola de generalizada, persistente y marcada por la impunidad. El informe, publicado el jueves 2 de abril de 2026, señala que desde 2012 el fenómeno ha escalado, especialmente desde 2006 con la guerra contra el crimen organizado, resultando en más de 132.000 desaparecidos y 72.000 restos sin identificar. El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el informe por considerarlo "tendencioso", mientras que organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares lo ven como una "evaluación reprobatoria" del Estado mexicano, exigiendo diálogo y reconocimiento de responsabilidad para evitar la repetición de crímenes.