El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha emitido un informe que analiza la persistente crisis de desapariciones en México, integrando información recopilada desde 2012 para evaluar una situación que se remonta a 2006. El análisis, que abarca hasta 2026, destaca un incremento sostenido en las desapariciones, la presencia de fosas clandestinas, la privación sistemática de libertad en disputas territoriales de cárteles y la presunta participación de servidores públicos. El informe señala más de 132,400 personas desaparecidas y no localizadas hasta febrero de 2026, y una crisis forense agravada con 72,000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026. El CED concluye que existen indicios de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, aunque el Estado mexicano ha rechazado categóricamente estas conclusiones, calificando el informe de parcial y sesgado.