El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha decidido escalar el caso de México a la Asamblea General, activando el artículo 34 de la Convención debido a la gravedad de las desapariciones forzadas, lo que sugiere indicios de crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano ha rechazado esta decisión, calificándola de "tendenciosa", mientras que organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Internacional por los Derechos Humanos critican esta postura, argumentando que descalifica a las víctimas y colectivos. Expertos como Jimena Reyes y Jacobo Dayán explican que la crisis de desapariciones es un problema de Estado, no partidista, y que la intervención de la ONU busca apoyo internacional para cambiar paradigmas de investigación y romper vínculos político-criminales. Paralelamente, se abordó la salida de Pam Bondi del gobierno de Donald Trump, vinculada al caso Jeffrey Epstein y a la frustración del mandatario por no poder usar el Departamento de Justicia para perseguir a sus adversarios.