La Corte Constitucional de Colombia tumbó el Decreto 1390 de 2025, que declaraba una emergencia económica para recaudar $16,3 billones, equivalente a una ley de financiamiento negada por el Congreso. El decreto, emitido el 22 de diciembre de 2025 y suspendido temporalmente el 29 de enero de 2026, incluía medidas tributarias como la ampliación del impuesto al patrimonio, sobretasa financiera, IVA a juegos de azar en línea, aumento del IVA y impuesto al consumo de licores y tabaco, además de gravámenes al petróleo y carbón y una amnistía para deudores de la Dian. Durante su breve vigencia, se recaudaron $1,6 billones, principalmente por la normalización tributaria. Expertos señalan que la Corte reafirma que las emergencias económicas son excepcionales y no un sustituto de la legislación del Congreso. Tras este fallo, el gobierno declaró una segunda emergencia el 11 de febrero de 2026, enfocada en ocho departamentos afectados por el invierno, que incluye medidas tributarias como el impuesto al patrimonio a empresas y el impuesto a apuestas en línea, las cuales aún están vigentes.