La salida de Manuel Adorni, acusado de omitir más de US$ 500 mil en su declaración jurada, descomprimió la tensión entre el Ejecutivo y sus aliados legislativos. El escándalo, destapado en marzo por Clarín, paralizó la agenda del Gobierno en el Congreso durante semanas, con pedidos de interpelación constantes. Tanto el PRO como la UCR y gobernadores provinciales presionaron abiertamente para que Milei removiera a su exvocero, advirtiendo que si no renunciaba, lo echarían a través del Congreso.