El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha formado un grupo de trabajo compuesto por letrados con inclinaciones izquierdistas, algunos de los cuales previamente avalaron la Ley de Amnistía del 1-O. Este grupo tiene como objetivo estudiar y fundamentar jurídicamente la constitucionalidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe gobernando sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que estos debieron ser presentados según la Constitución y el Senado, con mayoría del PP, ha interpuesto un conflicto de atribuciones. Sánchez anunció la tramitación para aprobar los Presupuestos de 2027, mientras el Senado argumenta que la prórroga presupuestaria y las modificaciones realizadas vulneran las competencias parlamentarias y el mandato constitucional de presentar las cuentas anualmente.