La justicia peruana determinó que en 2019, César Villanueva buscó contactar con el despacho del fiscal Germán Juárez, encargado del caso Lava Jato, para agilizar una investigación en su contra por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín. La sentencia detalla que Villanueva y su amigo Santisteban contactaron al fiscal Alberto Rossel y a su hijo, quien asumiría la defensa legal del exministro. Rossel utilizó sus influencias en el Ministerio Público para sumar al fiscal adjunto Ronald Chafloque, quien a su vez se contactó con Alexander Taboada, entonces fiscal adjunto de confianza de Juárez.