El Congreso dominado por Fuerza Popular está impulsando una ola de leyes que protegen a policías y militares de investigaciones judiciales, mientras sienta las bases para una eventual administración de Keiko Fujimori con tendencias autoritarias. El 12 de junio, se aprobó en primera votación una norma que establece que si un efectivo es procesado en el fuero militar-policial, ningún juez ordinario podrá abrirle otro proceso por los mismos hechos. Además, la Ley 32181, vigente desde 2024, prohíbe la detención preliminar o prisión preventiva contra policías que causen lesiones o muertes en actos de servicio.