El Consejo de Estado ha admitido una demanda interpuesta por la representante Katherine Miranda contra el Decreto 182 de 2026, emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Esta demanda busca anular el decreto que permitiría el traslado de más de 2 millones de pacientes a la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia debido a presuntos altos índices de negligencia. Miranda argumenta que esta medida pone en riesgo la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la vida de los pacientes, y que la Nueva EPS no tiene la capacidad para absorber dicha carga ni garantizar la atención adecuada. La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado sugiere que existen razones de peso para revisar la medida gubernamental.