El Consejo de Estado de Colombia ha ordenado la suspensión provisional de la resolución que autorizaba el inicio de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia. Esta medida judicial, que estará vigente mientras se resuelve una demanda de fondo, se basa en la interpretación de la Ley 2272 de 2022, conocida como ley de "paz total". El alto tribunal determinó que la Segunda Marquetalia, integrada por disidentes de las FARC que continuaron alzados en armas tras el Acuerdo de Paz de 2016, debe ser clasificada como una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto y no como un grupo con estatus político. La ley permite negociaciones políticas solo con grupos armados al margen de la ley, mientras que para organizaciones criminales solo autoriza acercamientos para su sometimiento y desmantelamiento, lo que representa un obstáculo para la estrategia de paz del Ejecutivo.