El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, ha suspendido provisionalmente la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para imponer medidas cautelares sobre encuestas políticas y electorales. Esta decisión, emitida el 11 de junio de 2026, responde a una demanda que argumentaba que el artículo 48 de la Resolución 1197 de 2026 del CNE excedía sus competencias reglamentarias y vulneraba la reserva de ley estatutaria al permitir, entre otras cosas, la prohibición temporal de publicar encuestas. El demandante sostenía que tales medidas afectaban derechos políticos y de participación ciudadana, y que el CNE solo tenía facultad para actualizar normativas, no para establecer sanciones o medidas cautelares no contempladas en la ley. El Consejo de Estado coincidió en que estas medidas podían afectar gravemente los derechos de los investigados y que la potestad reglamentaria del CNE no incluía la adopción de tales medidas cautelares. La suspensión es provisional hasta que el tribunal emita una sentencia de fondo.