La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Dorothy Pérez, ha iniciado una fiscalización exhaustiva del uso de beneficios sociales y el cumplimiento de los requisitos legales para su obtención, enfocándose en la entrega irregular de estos subsidios. Esta iniciativa, parte del plan fiscalizador 2026, también abarca áreas como infancia y migraciones, buscando optimizar la asignación de recursos públicos y corregir abusos para destinarlos a quienes realmente los necesitan. La Contraloría está verificando que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por ley, custodiando así los intereses ciudadanos y advirtiendo sobre posibles errores en el proceso, como subsidios de arriendo otorgados a personas con propiedad o que ya no residen en Chile.