La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el Censo de Población y Vivienda 2024 ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El ente regulador detectó la contratación de 16 personas con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas y robo, además de 14 extranjeros sin permiso legal para trabajar en Chile. Se identificaron fallas críticas en la supervisión, incluyendo pagos injustificados por más de 166 millones de pesos a 515 censistas que no acreditaron sus labores y el desembolso de $134.243.088 por traslados en un día sin actividad censal. Asimismo, se cuestionó la gestión de 77 contratos de arriendo y la falta de destino para miles de dispositivos tecnológicos. Debido a estos hallazgos, la Contraloría ordenó un sumario administrativo y formuló un reparo financiero por $315.645.819.