La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, ha emitido un instructivo detallado para la correcta implementación de los test de drogas obligatorios para altas autoridades, como ministros, subsecretarios y delegados presidenciales. Esta medida, introducida por la ley N° 21.806, exige exámenes con muestra de pelo, cuyos resultados son públicos, al asumir el cargo y al menos dos veces al año de forma imprevista. El instructivo clarifica que el test de ingreso es válido si se realiza hasta 30 días hábiles después de asumir, superando la dificultad logística de un cumplimiento inmediato. Se han ampliado las obligaciones para ministros y delegados presidenciales, mientras que la publicidad de resultados se limita a exámenes de consumo, protegiendo datos médicos posteriores. El incumplimiento puede acarrear responsabilidad administrativa.