La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, autorizó un contrato mediante trato directo con la empresa Raptor SPA por un monto de $28 millones para el blindaje balístico de su vehículo institucional. Esta decisión se fundamentó en el perfil de riesgo de la autoridad, derivado de sus funciones de fiscalización y la influencia de su cargo, además de análisis realizados por la PDI y el Ministerio Público. Complementariamente, se adquirió una SUV Toyota 4Runner de alto estándar por $48 millones, superando los niveles de seguridad del Poder Judicial. Para el año 2025, las medidas de protección se incrementaron, incluyendo la asignación de un guardaespaldas y mejoras estructurales en el edificio institucional ubicado en Teatinos 56, priorizando las condiciones técnicas del servicio sobre el menor precio disponible en el mercado.