La Contraloría General de la República ha determinado la existencia de responsabilidad administrativa en Piero Corvetto, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios. Estas responsabilidades se derivan de presuntas irregularidades ocurridas durante la primera vuelta de las elecciones. La investigación fiscalizadora, que abarcó el periodo de las elecciones, señala a los funcionarios por actos que contravienen la normativa vigente en la gestión de recursos y procesos electorales. La Contraloría ha recomendado las acciones correctivas y sancionatorias pertinentes para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance de las fallas encontradas en la institución electoral.