La Contraloría General de la República ha emitido un instructivo de 17 páginas que establece las reglas para los test de drogas obligatorios para altas autoridades del Gobierno, incluyendo ministros, subsecretarios y delegados presidenciales, en cumplimiento del artículo 110 de la Ley 21.806. Estos exámenes, realizados mediante muestras de pelo, deberán llevarse a cabo al asumir el cargo y repetirse al menos dos veces al año, con resultados que se harán públicos. Se otorga un plazo de hasta 30 días hábiles para realizar los exámenes tras la asunción de funciones, debido a consideraciones técnicas y administrativas. Los controles serán sorpresivos, informando a los obligados con un máximo de dos horas de antelación, y la negativa a realizarlos o la obstaculización del procedimiento acarrearán investigaciones y posibles sanciones disciplinarias. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) continuará brindando apoyo técnico y financiero, mientras que el Ejecutivo deberá realizar adecuaciones presupuestarias y licitaciones para laboratorios.