La Contraloría General de la República ha paralizado el reglamento de la Ley Uber, presentado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El organismo fiscalizador detectó deficiencias y la falta de fundamentos técnicos y jurídicos sólidos para justificar cambios propuestos, como la ampliación de la antigüedad máxima de los vehículos de 12 a 15 años y la eliminación de exigencias sobre la cilindrada y potencia del motor. La Contraloría argumenta que las modificaciones propuestas disminuirían el estándar y la calidad de los servicios sin una justificación adecuada, y señala la ausencia de un proceso de consulta pública para ciertas modificaciones. El ministro Louis de Grange había defendido los cambios argumentando que flexibilizar la normativa mejoraría la calidad del servicio y favorecería el empleo.