La Contraloría General de la República rechazó el decreto del Ministerio de Transportes que buscaba flexibilizar los requisitos para los conductores y vehículos de aplicaciones de transporte, bajo la denominación de "Ley Uber". La contralora Dorothy Pérez argumentó que la medida eliminaba y disminuía exigencias técnicas sin presentar fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos sólidos que justificaran dichas modificaciones, además de no haber sido sometida a consulta pública. El gobierno pretendía con esta normativa reducir las barreras de entrada, facilitar la operación y evitar impactos negativos en el empleo, proponiendo permitir vehículos más antiguos, eliminar requisitos de cilindrada y potenciar motores, y simplificar el reemplazo de conductores.