La Contraloría General de la República ha emitido una grave advertencia sobre la intervención de Air-e, alertando sobre "mayores costos y menores inversiones" que han deteriorado la calidad del servicio eléctrico en la región Caribe. Tras casi dos años de intervención y seis interventores, la empresa enfrenta una crisis histórica marcada por apagones constantes, denuncias de corrupción y creciente incertidumbre. La Contraloría señala riesgos de insolvencia, descapitalización progresiva (reducción del patrimonio del 94% en un año), pérdida de recursos públicos y un posible riesgo sistémico. La cartera de Air-e supera los $6 billones de pesos, con más del 73% de obligaciones antiguas, y ahora depende de recursos públicos. La falta de inversiones ha afectado indicadores técnicos y sociales, sin un plan de choque integral. Han surgido cuestionamientos sobre contratos, sobrecostos en compras y nepotismo durante la intervención.