El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha iniciado un sumario administrativo y ha denunciado ante el Ministerio Público la contratación de 16 censistas con antecedentes penales, quienes representaban el 0.04% del total contratado para el Censo de Población y Vivienda 2024. Esta situación fue revelada en un informe de Contraloría que indicaba que el INE contrató a personas legalmente inhabilitadas por delitos como estafa, robo, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas. El INE recibió el informe el 10 de marzo de 2026 y ha tomado medidas correctivas, incluyendo la solicitud de reconsideración legal sobre algunas observaciones. Adicionalmente, el sumario investiga la posible responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros sin la debida habilitación para trabajar en el país.