El 7 de julio, la Fiscalía de Luxemburgo amplió su investigación de 2023 sobre una red organizada de fraude migratorio mediante la realización de allanamientos simultáneos en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Investigación y Educación Superior, y cinco empresas privadas. La investigación apunta a denuncias de corrupción, lavado de dinero, falsificación y tráfico de migrantes. Los investigadores descubrieron que la red aprovechaba debilidades administrativas, como el uso de domicilios ficticios y contratos de trabajo o títulos académicos falsificados, para ayudar a más de 200 solicitantes a obtener permisos de residencia y beneficios de la seguridad social. Como consecuencia, 25 personas han sido imputadas. Ante estas fallas sistémicas, el Ministro del Interior, Leon Gloden, anunció una auditoría interna dentro del Departamento General de Inmigración. Este caso ha desatado un importante debate político sobre la necesidad de mejorar el intercambio de información entre los departamentos judiciales y gubernamentales para prevenir nuevas pérdidas financieras y explotación administrativa.