El 7 de julio, la Fiscalía de Luxemburgo amplió su investigación de 2023 sobre una red organizada de fraude migratorio mediante la realización de registros simultáneos en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Investigación y Educación Superior, y cinco empresas privadas. La investigación se centra en acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, falsificación y tráfico de migrantes. Los investigadores descubrieron que la red aprovechaba debilidades administrativas, como el uso de direcciones ficticias y contratos de trabajo o cualificaciones falsificadas, para ayudar a más de 200 solicitantes a obtener permisos de residencia y beneficios de seguridad social. Como consecuencia, 25 personas han sido imputadas. En respuesta a estos fallos sistémicos, el Ministro del Interior, Leon Gloden, anunció una auditoría interna en la Dirección General de Inmigración. Este caso ha desencadenado un importante debate político sobre la necesidad de un mejor intercambio de información entre los departamentos judiciales y gubernamentales para prevenir futuras pérdidas financieras y explotación administrativa.