En un periodo de cuatro años, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado una serie de reveses judiciales significativos, con la Corte Constitucional erigiéndose como el principal contrapeso institucional. La Corte declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que establecía un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para solucionar una crisis de liquidez, argumentando que no se acreditaron hechos sobrevinientes y graves, y que la falta de mayorías en el Congreso era previsible. Paralelamente, se suspendió el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro y personas jurídicas en liquidación. Estos fallos, sumados a la inexequibilidad del Ministerio de Igualdad, la suspensión de la reforma pensional, y el desmantelamiento de artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo, han generado una fuerte confrontación retórica entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, llevando a Petro a considerar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.